Suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional (RDL 29/2026)
Fuente oficial: boe.es · Última verificación de fuentes: 13 de octubre de 2026
- Cuánto
- No hay importe: es una suspensión judicial del procedimiento. Ver todos los importes y condiciones
- Cuándo se pide
- En vigor desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras el decreto-ley siga vigente. Ver el plazo y sus excepciones
- Quién
- Personas demandadas en un procedimiento de desahucio que estén en situación de vulnerabilidad, acreditada con informe de servicios sociales o por los criterios del art. 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tengan alternativa habitacional. Ver todos los supuestos
- Fuente de información
- boe.es
Quién puede pedirla
- Personas demandadas en un procedimiento de desahucio que estén en situación de vulnerabilidad, acreditada con informe de servicios sociales o por los criterios del art. 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tengan alternativa habitacional.
Requisitos
- Estar en situación de vulnerabilidad, certificada con informe de los servicios sociales o conforme a los criterios del art. 441.7 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.
- No tener alternativa habitacional.
- Apartado 1: el demandante es una entidad, con o sin personalidad jurídica, dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado con el fin de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad; no se aplica a entes públicos territoriales ni a organismos y sociedades del sector público que promuevan vivienda social y asequible. El tribunal suspende el proceso por auto, incluso si ya hay sentencia o lanzamiento acordado, siempre que no se hubiera ejecutado.
- Apartado 2: para otros demandantes distintos de los anteriores, y solo si no se aplica el art. 5.Dos, el tribunal requiere, por el cauce que fije la comunidad autónoma, informe de la administración competente y la Administración no haya ofrecido una alternativa habitacional digna y adecuada.
Cuantía
No hay importe: es una suspensión judicial del procedimiento.
Duración
Desde la entrada en vigor del real decreto-ley (8 de octubre de 2026) hasta el 31 de diciembre de 2030.
Cuándo se puede pedir
En vigor desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras el decreto-ley siga vigente.
Cómo solicitarla
- Acudir a los servicios sociales municipales o autonómicos para obtener el informe de vulnerabilidad.
- Presentar el informe en el procedimiento judicial; el tribunal es quien acuerda la suspensión. Conviene contar con abogado de oficio o con el servicio de orientación jurídica del colegio de abogados.
Documentación
Marca los puntos que hayas revisado para tu caso. Algunos documentos solo se exigen en los supuestos indicados o los consulta la Administración. Las marcas se usan en esta página; no se envían ni se guardan.
Compatibilidades
No sustituye a las ayudas al alquiler ni a las ayudas de emergencia social de cada comunidad. El apartado 2 depende del cauce que designe cada comunidad autónoma para el informe de la administración competente.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con un desahucio si soy vulnerable y no tengo otra vivienda?
El RDL 29/2026 obliga al tribunal a suspender el proceso cuando el demandante es una entidad que compra inmuebles o deudas hipotecarias muy por debajo de su valor; con otros demandantes, el tribunal pide informe a la administración competente. Rige hasta el 31 de diciembre de 2030 si el decreto-ley se mantiene.
¿Cómo se acredita la vulnerabilidad?
Con un informe de los servicios sociales o aplicando los criterios del artículo 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Norma pendiente de convalidación: a 13 de octubre de 2026 no consta en el BOE ninguna resolución del Congreso que convalide o derogue el RDL 29/2026. Si se derogara, esta suspensión dejaría de aplicarse.
- Se ha leído el artículo 2 y los apartados 1 y 2 hasta el informe de la administración; no se ha verificado el resto del procedimiento ni la disposición transitoria segunda sobre ejecuciones y lanzamientos en curso.
- Los cauces de cada comunidad autónoma para pedir el informe de la administración competente no están verificados.
- Esta ficha resume la norma; no sustituye al asesoramiento jurídico en un caso concreto.