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Suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional (RDL 29/2026)

El artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, ordena a los tribunales suspender los procesos de desahucio de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2030. Si quien demanda es un fondo o entidad que compra inmuebles o carteras impagadas a precio claramente inferior al de tasación, la suspensión es por auto; en el resto de demandantes se requiere antes el informe de la administración competente. Está pendiente de convalidación.

Fuente oficial: boe.es · Última verificación de fuentes: 13 de octubre de 2026

Cuánto
No hay importe: es una suspensión judicial del procedimiento. Ver todos los importes y condiciones
Cuándo se pide
En vigor desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras el decreto-ley siga vigente. Ver el plazo y sus excepciones
Quién
Personas demandadas en un procedimiento de desahucio que estén en situación de vulnerabilidad, acreditada con informe de servicios sociales o por los criterios del art. 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tengan alternativa habitacional. Ver todos los supuestos
Fuente de información
boe.es
Información provisional. La norma de esta ayuda está pendiente de convalidación o ha cambiado recientemente. Confirma en la fuente oficial antes de contar con ella.

Quién puede pedirla

  • Personas demandadas en un procedimiento de desahucio que estén en situación de vulnerabilidad, acreditada con informe de servicios sociales o por los criterios del art. 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tengan alternativa habitacional.

Requisitos

  • Estar en situación de vulnerabilidad, certificada con informe de los servicios sociales o conforme a los criterios del art. 441.7 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.
  • No tener alternativa habitacional.
  • Apartado 1: el demandante es una entidad, con o sin personalidad jurídica, dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado con el fin de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad; no se aplica a entes públicos territoriales ni a organismos y sociedades del sector público que promuevan vivienda social y asequible. El tribunal suspende el proceso por auto, incluso si ya hay sentencia o lanzamiento acordado, siempre que no se hubiera ejecutado.
  • Apartado 2: para otros demandantes distintos de los anteriores, y solo si no se aplica el art. 5.Dos, el tribunal requiere, por el cauce que fije la comunidad autónoma, informe de la administración competente y la Administración no haya ofrecido una alternativa habitacional digna y adecuada.

Cuantía

No hay importe: es una suspensión judicial del procedimiento.

Duración

Desde la entrada en vigor del real decreto-ley (8 de octubre de 2026) hasta el 31 de diciembre de 2030.

Cuándo se puede pedir

En vigor desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras el decreto-ley siga vigente.

Cómo solicitarla

  1. Acudir a los servicios sociales municipales o autonómicos para obtener el informe de vulnerabilidad.
  2. Presentar el informe en el procedimiento judicial; el tribunal es quien acuerda la suspensión. Conviene contar con abogado de oficio o con el servicio de orientación jurídica del colegio de abogados.

Documentación

Marca los puntos que hayas revisado para tu caso. Algunos documentos solo se exigen en los supuestos indicados o los consulta la Administración. Las marcas se usan en esta página; no se envían ni se guardan.

Compatibilidades

No sustituye a las ayudas al alquiler ni a las ayudas de emergencia social de cada comunidad. El apartado 2 depende del cauce que designe cada comunidad autónoma para el informe de la administración competente.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con un desahucio si soy vulnerable y no tengo otra vivienda?

El RDL 29/2026 obliga al tribunal a suspender el proceso cuando el demandante es una entidad que compra inmuebles o deudas hipotecarias muy por debajo de su valor; con otros demandantes, el tribunal pide informe a la administración competente. Rige hasta el 31 de diciembre de 2030 si el decreto-ley se mantiene.

¿Cómo se acredita la vulnerabilidad?

Con un informe de los servicios sociales o aplicando los criterios del artículo 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Datos que no hemos podido confirmar en fuente oficial:
  • Norma pendiente de convalidación: a 13 de octubre de 2026 no consta en el BOE ninguna resolución del Congreso que convalide o derogue el RDL 29/2026. Si se derogara, esta suspensión dejaría de aplicarse.
  • Se ha leído el artículo 2 y los apartados 1 y 2 hasta el informe de la administración; no se ha verificado el resto del procedimiento ni la disposición transitoria segunda sobre ejecuciones y lanzamientos en curso.
  • Los cauces de cada comunidad autónoma para pedir el informe de la administración competente no están verificados.
  • Esta ficha resume la norma; no sustituye al asesoramiento jurídico en un caso concreto.